El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictó una resolución histórica: el Comité de Evaluación del Poder Judicial deberá reanudar de inmediato el proceso de selección de candidaturas judiciales para garantizar los derechos constitucionales de los aspirantes y el cumplimiento de los tiempos electorales. La medida, aprobada por mayoría de votos, reafirma que ninguna autoridad tiene facultades para suspender un proceso electoral, dado que este está protegido por la Constitución mexicana.
Resolución de la Sala Superior Garantía del proceso electoral judicial
En su sesión del 22 de enero de 2025, la Sala Superior del TEPJF, liderada por su presidenta, Mónica Soto, aprobó el proyecto que establece que los Comités de Evaluación tienen una función exclusiva dentro de la elección judicial, y que su trabajo no puede ser suspendido, incluso ante amparos otorgados por otras instancias jurisdiccionales.
La magistrada Soto enfatizó que cualquier retraso en el proceso de selección vulneraría los derechos constitucionales de los ciudadanos de votar y ser votados, afectando el propósito del proceso electoral.
Plazo máximo de 24 horas para reactivar el proceso
El Comité Judicial tiene un plazo de 24 horas, a partir de la notificación oficial, para reanudar sus actividades. Este límite temporal subraya la importancia de evitar atrasos que puedan perjudicar la elección judicial extraordinaria.
El TEPJF también señaló que, aunque algunas autoridades argumenten razones legales para suspender el proceso, tales medidas son consideradas una vulneración directa a la Constitución, ya que la elección judicial no admite interrupciones en ninguna de sus etapas.
Críticas y respaldo a la resolución
La resolución generó posturas encontradas dentro del pleno del TEPJF. Mientras que magistrados como Felipe Fuentes y Felipe de la Mata apoyaron la medida, calificando la suspensión como un acto inconstitucional, otros, como Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora, expresaron su desacuerdo, argumentando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debería resolver las controversias relacionadas con los amparos que afectan este proceso.
A pesar de las críticas, la mayoría del pleno reafirmó que la Sala Superior del TEPJF tiene la competencia exclusiva para supervisar procesos relacionados con elecciones judiciales, insistiendo en que no están opinando sobre la constitucionalidad de los amparos, sino asegurando la continuidad del proceso electoral.
Exhorto a la SCJN: Resolución de impugnaciones pendientes
Como parte de la resolución, el TEPJF emitió un exhorto a la SCJN para que resuelva las impugnaciones de aspirantes a magistraturas electorales, quienes argumentaron haber sido afectados por la suspensión del Comité Judicial. Esta medida busca garantizar que ningún aspirante quede rezagado y que todos los perfiles tengan las mismas oportunidades dentro del proceso de selección.
La importancia de la resolución: Derechos y democracia en juego
El fallo del TEPJF tiene implicaciones profundas en la protección de los derechos electorales de cientos de aspirantes, reafirmando que los procesos democráticos deben llevarse a cabo de manera transparente, eficiente y sin interrupciones ilegales.
El magistrado Felipe de la Mata destacó que permitir que otras autoridades interfieran en este proceso pone en peligro la estabilidad democrática y el respeto al orden constitucional.
Perspectivas futuras para la elección judicial
La decisión de la Sala Superior refuerza la autonomía y autoridad del TEPJF en materia electoral, marcando un precedente importante para futuros procesos. Sin embargo, también evidencia tensiones entre el TEPJF y otras instancias judiciales, como la SCJN, sobre competencias en casos de amparo relacionados con elecciones.
Con la reactivación inmediata del proceso, se espera que el Comité Judicial cumpla con los tiempos establecidos y garantice la transparencia en la selección de candidatos, asegurando que los derechos de los ciudadanos y aspirantes sean plenamente respetados.
