La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, presentará un proyecto clave que busca revocar el amparo otorgado a la empresa Fuentes de Energía Peñoles contra un artículo de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Esta propuesta es resultado de la reciente reforma constitucional que prioriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las compañías privadas en el sector eléctrico nacional, marcando un cambio profundo en el enfoque del mercado energético en México.
¿Qué establece el proyecto de Lenia Batres?
El proyecto, que será presentado el próximo 15 de enero de 2025 ante la Segunda Sala de la SCJN, argumenta que el amparo concedido a Peñoles no puede ejecutarse debido a la reforma constitucional publicada el 31 de octubre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta reforma modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, priorizando constitucionalmente a la CFE sobre los participantes privados en el mercado eléctrico.
Peñoles había obtenido un amparo contra el artículo 126, fracción II de la LIE, bajo el argumento de que dicho precepto otorgaba ventajas a la CFE y vulneraba principios de libre competencia, concurrencia y sustentabilidad. Sin embargo, el nuevo marco legal hace inviable materializar los efectos de dicho amparo, ya que las normas que regían el mercado competitivo han sido derogadas.
Reforma constitucional y sus implicaciones
La reforma constitucional, publicada en octubre de 2024, marcó un cambio estructural en el sistema eléctrico nacional. Ahora, la planeación y control del sistema están diseñados para priorizar a la empresa pública del Estado sobre los agentes privados.
De acuerdo con el proyecto de Batres, exigir que las autoridades competentes implementen normas derogadas y enfoques de un mercado competitivo implicaría contradecir el texto constitucional vigente. Además, conforme al artículo 107, fracción II de la Constitución, las sentencias de amparo relacionadas con la inconstitucionalidad de normas no pueden fijar efectos generales, lo que refuerza la necesidad de revocar el amparo otorgado a Peñoles.
Impacto en otros casos judiciales
La reforma también provocó un giro en otros casos relacionados con la Ley de la Industria Eléctrica. El 27 de noviembre de 2024, la Segunda Sala de la SCJN dejó de analizar cinco amparos interpuestos por empresas privadas que impugnaban la LIE. Estas demandas buscaban mantener un enfoque de eficiencia y libre competencia, pero fueron desestimadas debido a la prevalencia que la reforma otorga a las empresas públicas, particularmente a la CFE.
Aunque los particulares aún pueden participar en ciertos sectores del mercado eléctrico, el nuevo marco legal elimina la premisa de igualdad entre empresas públicas y privadas, consolidando un modelo donde la CFE tiene supremacía.
Detalles técnicos del proyecto
En el documento consultado, se detalla que la Segunda Sala advierte que las sentencias que pretendan aplicar normas derogadas carecen de sustento legal, ya que el marco de regularidad constitucional ha cambiado. Además, se subraya que las resoluciones judiciales deben alinearse con el texto constitucional actual, el cual prioriza a la CFE como eje rector del sistema eléctrico nacional.
Consecuencias esperadas
Si el proyecto de Lenia Batres es aprobado, la sentencia que otorgó el amparo a Peñoles será revocada y el caso dejará de ser estudiado. Este desenlace, además de fortalecer la reforma constitucional, enviará un mensaje claro a las empresas privadas sobre los límites de su participación en el mercado eléctrico bajo el nuevo modelo.
Un cambio profundo en el sector eléctrico mexicano
La reforma constitucional y las decisiones derivadas de ella reflejan un cambio de paradigma en el sector energético en México. Mientras que en el pasado se buscaba un enfoque basado en la competencia entre agentes privados y públicos, ahora se establece una clara preeminencia de la CFE como empresa estratégica del Estado.
Este proceso ha generado tensiones entre el sector privado y el gobierno, ya que varias empresas han cuestionado la legalidad de la reforma y sus implicaciones para la inversión extranjera y la sustentabilidad del mercado eléctrico. No obstante, el gobierno federal ha defendido esta medida como una forma de recuperar la soberanía energética y fortalecer las finanzas de la CFE.
