Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentará una propuesta para rechazar la solicitud de la magistrada Ana María Soledad Cruz Vasconcelos, quien exige una reparación por el supuesto daño a su honor, integridad, reputación y patrimonio. Esta controversia se originó debido a una recomendación emitida hace más de una década por la Comisión Nacional de Ética Judicial.
Contexto del Caso
En octubre de 2022, el entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, declaró improcedentes las reclamaciones patrimoniales presentadas por la magistrada contra el máximo tribunal. Sin embargo, Cruz Vasconcelos continuó su lucha legal basándose en el artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF), que garantiza la autonomía e independencia de los órganos judiciales.
Exigencias de la Magistrada
Además de la compensación patrimonial, Cruz Vasconcelos solicita una disculpa pública por parte de la actual presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, debido a la publicación de su nombre en la recomendación emitida por la Comisión de Ética en 2014. También exige que plataformas como Google, Facebook, WhatsApp y Twitter eliminen los discursos de odio en su contra y que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) depure los registros relacionados.
Argumentos Legales
La magistrada alega que la Unidad General de Transparencia y Sistematización de Información Judicial violó el Convenio 108 del Consejo Europeo sobre protección de datos personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2018. Según Cruz Vasconcelos, este acto vulneró su derecho a la privacidad, protección de datos y principios de legalidad y certeza jurídica.
Asimismo, sostiene que su derecho a reclamar por los daños no ha prescrito, ya que la publicación de la recomendación representa un documento de carácter permanente.
Propuesta de Lenia Batres
En el proyecto que se discutirá el próximo 8 de enero, Lenia Batres recomendará declarar infundados los argumentos de impugnación de la magistrada y validar la resolución emitida previamente por Arturo Zaldívar. Esta decisión podría marcar un precedente en el tratamiento de demandas por responsabilidad patrimonial contra la SCJN.
Antecedentes
En 2014, la Comisión de Ética Judicial emitió un informe en el que se señalaba que Cruz Vasconcelos había mostrado falta de profesionalismo y un trato irrespetuoso hacia otros magistrados. Estas acciones fueron consideradas contrarias al código de ética judicial, lo que llevó a la recomendación firmada por Juan N. Silva Meza y Mariano Azuela Güitrón.
Posteriormente, en 2021, cuando Cruz Vasconcelos aspiraba a formar parte del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca, la asociación civil “Oaxaqueños contra la Corrupción” revivió el caso, destacando las acusaciones contenidas en el expediente 02/2014.
La resolución de este caso podría sentar un precedente en el equilibrio entre la autonomía judicial y la rendición de cuentas en México. Con la propuesta de Lenia Batres, se espera determinar si las reclamaciones de Cruz Vasconcelos tienen sustento legal o si se reafirma la postura de la SCJN de proteger la institucionalidad y el marco legal vigente.
